Una protesta inusual paralizó parcialmente la glorieta del anillo vial de occidente en la vía hacia Azúcar Buena, en Valledupar. Varios propietarios de predios atravesados por el proyecto instalaron obstáculos y pancartas para denunciar que, pese a haber permitido la construcción de la obra en sus terrenos, aún no han recibido el pago correspondiente por parte de las autoridades.
El anillo vial de occidente es una obra de doble calzada de 10,4 kilómetros impulsada por la Gobernación del Cesar, con una inversión cercana a los 110.739 millones de pesos. El proyecto busca conectar de sur a norte el occidente de la ciudad, reducir tiempos de desplazamiento y aumentar la valorización de los predios cercanos. Sin embargo, su avance ha dejado en evidencia problemas administrativos y retrasos en la gestión predial.
Los propietarios Pedro Norberto Castro Araújo, Valentina Lacouture Manrique, María Cecilia Cuello de López y Moisés Gil Maestre aseguran que nunca se opusieron al proyecto. Por el contrario, firmaron permisos de intervención voluntaria para permitir la construcción, confiando en que las autoridades cumplirían con los avalúos y el pago de las tierras.
Según Castro Araújo, la situación comenzó con irregularidades desde el inicio. Afirma que los dueños de los predios se enteraron de que la vía atravesaría sus propiedades únicamente cuando personal de topografía contratado por la Gobernación llegó a realizar mediciones. Posteriormente, en noviembre de 2024, firmaron documentos en los que la Alcaldía de Valledupar se comprometía a presentar los avalúos en un plazo de un mes y a definir la forma de pago por los terrenos utilizados.
No obstante, más de un año después, los propietarios aseguran que los compromisos no se han cumplido. Señalan que la obra ya registra tránsito vehicular e incluso denuncian problemas de seguridad en el sector, mientras el proceso de compensación sigue sin resolverse.
La inconformidad también apunta a la Alcaldía de Valledupar, a la que le correspondía la gestión predial según los acuerdos con la Gobernación del Cesar. De acuerdo con los afectados, el cronograma y los procedimientos establecidos en los documentos firmados fueron incumplidos, lo que los llevó a recurrir a la protesta para exigir una respuesta.
El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, respondió a las críticas asegurando que se trata de un proyecto heredado de la administración anterior y que su gobierno ha intentado cumplir con los compromisos establecidos. El mandatario defendió la importancia de la obra para la movilidad de la ciudad y aseguró que el municipio no desconoce la deuda con los propietarios.
Sin embargo, explicó que antes de efectuar los pagos se debe resolver un proceso relacionado con la plusvalía generada por la obra, es decir, el incremento del valor de los predios beneficiados por el proyecto. Según el alcalde, los avalúos y cálculos de plusvalía ya fueron realizados y ahora se iniciarán conversaciones formales con los propietarios.
El planteamiento de la administración incluye revisar también posibles deudas de los propietarios con el municipio, como impuestos prediales o de industria y comercio, con el fin de compensar obligaciones en una mesa de diálogo.
Para los afectados, este enfoque refleja una dilación adicional en un proceso que debió resolverse antes de iniciar la construcción. La situación pone en evidencia una práctica frecuente en proyectos de infraestructura pública: las obras avanzan con rapidez mientras los procesos de compensación a los propietarios quedan rezagados en medio de trámites administrativos y limitaciones presupuestales.
Aunque el alcalde pidió paciencia y cuestionó el uso de bloqueos como mecanismo de presión, el conflicto expone las debilidades en la planificación institucional y la falta de garantías claras para quienes ceden sus terrenos en proyectos de interés público. Mientras la infraestructura avanza, el debate sobre la responsabilidad estatal en la gestión predial sigue abierto.