La Esquina

ASÍ ANDA EL ROSARIO PUMAREJO, MUCHA UTILIDAD Y POCA CAJA ENTRE UN ARMA Y UNA MARGARITA

Ingresos al alza y utilidad en libros, pero apenas $3.302 millones en efectivo mientras el gasto administrativo sube 34 %

ASÍ ANDA EL ROSARIO PUMAREJO, MUCHA UTILIDAD Y POCA CAJA ENTRE UN ARMA Y UNA MARGARITA

El Hospital Rosario Pumarejo de López llega con una paradoja difícil de ignorar. Sus ingresos crecieron 22,81% frente al mismo período de 2025, hasta $159.096 millones, y conserva una utilidad de $30.913 millones. Pero dispone apenas de $3.302 millones en efectivo. unos ocho días de operación. Sobre el papel, son cifras tranquilizadoras. Miradas de cerca, plantean la pregunta más urgente sobre la viabilidad del hospital ¿de qué sirve ganar, si no hay con qué pagar la próxima nómina?

La respuesta empieza por distinguir dos cosas que se confunden con facilidad, la rentabilidad y la liquidez. Administrar un hospital no consiste solo en producir ingresos o registrar utilidad contable; exige tener dinero disponible para pagar nómina, medicamentos, insumos, servicios y proveedores cuando esos compromisos vencen. Una entidad puede tener activos, patrimonio y utilidad en el papel y, aun así, carecer del efectivo necesario para funcionar con normalidad. Eso es lo que muestran estas cifras: el hospital tiene activos por $344.206 millones y un patrimonio de $256.987 millones, y sus pasivos bajaron 15,51%, hasta $87.219 millones. Pero el efectivo cayó 47,69% en el año, y los depósitos en entidades financieras pasaron de $5.060 millones a $2.186 millones. El balance puede mostrar una institución patrimonialmente grande, mientras la caja para el día a día se reduce de manera preocupante.

La cartera ayuda a explicar parte de esa tensión, pero no toda. El hospital reporta $218.770 millones de facturación radicada, de los cuales $61.132 millones 27,9% ya fueron girados por las EPS y aún no se han aplicado a facturas específicas; otros $18.315 millones ni siquiera se han radicado. Es tentador explicar la crisis de caja solo por la mora de las EPS. Los propios números del hospital dicen que el problema también tiene un componente interno: rezagos en facturación, radicación y conciliación de recursos que, en teoría, ya existen.

Mientras tanto, los gastos administrativos subieron 34,10%, hasta $28.258 millones. El costo mensual de contratistas pasó de $5.630 millones en junio a $6.255 millones en septiembre, justo cuando la facturación de julio y agosto promedió 3,3% menos que en el primer semestre, y el incremento se concentró en personal administrativo. No hace falta acusar a nadie de nada para preguntar si esa secuencia tiene sentido: ¿por qué crece el gasto en planta administrativa cuando la facturación empieza a caer y la caja está bajo presión? Es una pregunta de gestión, y merece una respuesta con soporte documental, no un comunicado genérico.

Hay un segundo frente, menos visible pero igual de exigente, el pasivo judicial. El hospital enfrenta 192 procesos con pretensiones acumuladas de $86.643 millones. De ellos, $12.001 millones ya son obligaciones ciertas deudas reconocidas, y otros 80 procesos, por $49.295 millones, tienen alta probabilidad de fallo en contra. La relación es sencilla y contundente. $12.001 millones de obligaciones judiciales ciertas frente a $3.302 millones de efectivo disponible. Una institución con esa liquidez tiene poco margen para absorber un choque más.

Un hospital no funciona con utilidades registradas en un estado financiero, sino con recursos disponibles para pagar al trabajador, comprar medicamentos, responder al proveedor y atender al paciente que llega a urgencias. La fortaleza financiera, en salud, no se mide solo por cuánto se factura o se gana en el papel, sino por cuánto efectivo existe cuando llega la hora de pagar. La agente interventora, Lina María De Armas Daza, en el cargo desde el 10 de junio de 2026, le debe a la ciudad respuestas concretas: qué medidas está tomando para convertir en efectivo los $18.315 millones sin radicar y los $61.132 millones pendientes de conciliación.

Cuál es la justificación técnica y financiera del aumento en gasto de personal administrativo mientras la facturación reciente cae; y si existe un plan de pago financiado y verificable para las obligaciones judiciales antes de cualquier eventual levantamiento de la intervención. La discusión sobre el futuro del Rosario Pumarejo debería partir de esa realidad, no de una sola cifra.