Franklin y el «Cachi» Sanjuán, hermanos de la gobernadora, quedan señalados en el manejo de la plata para los barrios más pobres de San Diego. ¿Ayuda social o negocio de familia?
En la costa uno lo sabe. Cuando una olla lleva mucho tiempo tapada, lo que sale de ahí no es buen olor. Y la que están destapando en San Diego, es la de los recursos para los barrios más pobres; ya no aguanta más tapa.
Esto no nos coge de sorpresa. En redes sociales era conocido el nombre del «Pollo López» y su manito en las juntas de acción comunal del municipio. Pues resulta que el cuento es más grande y más caliente de lo que parecía.
En San Diego se armaron más de 15 juntas de acción comunal para manejar recursos destinados a las comunidades más necesitadas. Cada proyecto, en promedio, ronda los 70 millones de pesos. Sumadas, esas juntas moverían más de mil millones de pesos.
Hasta ahí, bonito, inversión social, foto para las redes de la Gobernación, discurso de progreso. Pero detrás del cuento, dicen las denuncias, el negocio es otro.
Según las denuncias que nos han llegado, presuntamente Franklin Sanjuán y el «Cachi» Sanjuán, hermanos de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, estarían cobrando 15 millones de pesos por cada asignación de recursos. Y no se queda ahí también se denuncia una condición extra, que los materiales se compren en negocios cercanos a ellos. Nuestras fuentes señalan que hasta una ferretería de la madre de la gobernadora estaría metida en el paquete.
De ñapa, porque en este cuento siempre hay ñapa, los beneficiarios tendrían que pasar otra vez por caja, con 5 millones más, por debajo de la mesa, para «El Pollo» López, mucha metedera de mano brava. Y las denuncias no paran ahí. Se señala que, con Bolívar Dangond de por medio, el secretario de gobierno departamental también estaría metiendo la mano. ¿Por qué ahí no hay ni una sola investigación? de ser cierto será una situación muy grave y triste que involucra a ten destacado funcionario.
La cuenta no cuadra ni con calculadora prestada. Hay intervenciones de apenas 20 metros lineales de pavimento «justificando» semejante platal, cuando esa obra, en el escenario más costoso, no debería pasar de los 30 millones de pesos. Saquen ustedes la cuenta de dónde queda el resto.
Mientras la comunidad denuncia y denuncia, los organismos de control del departamento siguen mirando para el techo.
Y esto no es solo San Diego. En Curumaní se mueve el mismo librito, aprovechan vacíos legales para saltarse las licitaciones y repartir contratos a dedo. Hoy es una empresa de servicios públicos la que aparece liderando la pavimentación del municipio, mientras los entes de control, otra vez, brillan por su ausencia. De eso también hablaremos, y pronto.
Al final la cuenta es sencilla. La plata es de los pobres, pero el apellido que reparte siempre es el mismo. ¿También los organismos de control se comieron su tajadita, o el silencio ya les sale gratis?