Insólito desde todo punto de vista, es lo que están viviendo los docentes de la Universidad Popular del Cesar quienes a la fecha no han recibido el pago de su liquidación correspondiente al segundo semestre del 2025, pero, en cambio si están recibiendo presión por parte del rector Rober Romero Ramírez, quien a través e los decanos y jefes de departamentos amenazan con dejarlos sin carga académica si no apoyan a Guillermo Echavarria, candidato a la rectoría, que cuenta con el apoyo de la administración de Romero Ramírez.
En ‘El Esquinazo’ muchos docentes han manifestado su inconformidad frente a lo que consideran un trato injusto y abusivo por parte de la administración encabezada por el rector Rober Romero Ramírez, pero les da culillo denunciar públicamente porque les quitan el sustento de sus familias, ya que el señor de las tres R es un gran perseguidor.
Según se escuchan los rumores, muchos docentes pasaron las de San Quintín en diciembre porque al no recibir la liquidación correspondiente al segundo semestre de 2025, en navidad no tuvieron ni para un chicharrón (como dice una canción vallenata).
El no pago de los emolumentos requeridos por parte de la UPC a tiempo (habiendo el dinero para pagar), no solo vulnera sus derechos laborales, sino que afecta directamente su estabilidad económica y dignidad profesional. La falta de respuestas claras por parte de la rectoría ha incrementado el malestar y la incertidumbre entre el cuerpo docente.
A esta situación se suma una preocupación aún más grave: profesores afirman estar siendo sometidos a presiones indebidas relacionadas con la asignación de carga académica, la que está condicionada al apoyo político al candidato a la rectoría Guillermo Echavarría, quien cuenta con el respaldo público del actual rector. Esta práctica constituye una instrumentalización del poder administrativo con fines políticos, atentando contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y los principios democráticos que deben regir la vida académica.
La universidad no puede convertirse en un escenario de coerción ni de favores políticos. La gestión institucional debe estar orientada al bienestar de su comunidad, al respeto por los derechos laborales y a la transparencia en los procesos electorales internos. El silencio administrativo frente a estas denuncias no hace más que profundizar la desconfianza y el deterioro del clima universitario.
Es imperativo que los organismos de control, los estamentos universitarios y la sociedad en general presten atención a estas situaciones y exijan explicaciones claras. La Universidad Popular del Cesar merece una administración que garantice justicia laboral, respeto por la pluralidad de pensamiento y procesos democráticos libres de presiones.