El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó una fuerte denuncia pública sobre supuestas irregularidades en el proceso de consulta para la elección de rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
A través de su cuenta en redes sociales, el jefe de la cartera laboral advirtió que prácticas asociadas tradicionalmente a la corrupción electoral estarían trasladándose incluso a escenarios académicos, ahora mediante el uso de herramientas tecnológicas.
“¡El cambio tecnológico llega a la compra de votos y a la corrupción electoral! Un comprador de votos del candidato de uno de los clanes políticos en la consulta para rector de la Universidad Popular del Cesar utilizando NEQUI en la sede de Aguachica. Ojo a este domingo”, expresó el ministro.
Según lo señalado por Sanguino, los presuntos pagos se estarían realizando a través de la plataforma digital Nequi, lo que —de confirmarse— marcaría un precedente preocupante en los procesos democráticos universitarios, al incorporar mecanismos electrónicos para la eventual compra de apoyos.
Señalamientos que elevan la tensión
La denuncia hace referencia a la sede de Aguachica y menciona, sin identificar directamente, a un supuesto candidato respaldado por uno de los llamados “clanes políticos” del departamento. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado pruebas públicas adicionales que respalden la acusación.
Tampoco se han pronunciado oficialmente las directivas de la Universidad Popular del Cesar ni los aspirantes que participan en la consulta. De igual manera, no se conocen decisiones o anuncios por parte de las autoridades electorales o de los organismos de control frente a lo advertido por el ministro.
Expectativa y llamado a la transparencia
La consulta para la designación de rector ha generado alta expectativa en la comunidad académica y en el ámbito político del Cesar, dado el impacto que tiene la dirección de la universidad en la orientación institucional, la administración de recursos y la proyección regional.
El señalamiento del ministro no solo eleva la tensión a pocos días de la jornada, sino que abre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia, transparencia y control en los procesos democráticos internos de las universidades públicas.
Sectores académicos han insistido en que cualquier irregularidad debe ser investigada con rigor y celeridad, garantizando el debido proceso y la legitimidad del resultado. La atención ahora se centra en las respuestas institucionales y en las eventuales actuaciones de los entes competentes ante una denuncia que, de comprobarse, comprometería seriamente la credibilidad del proceso.