A pocas horas de la designación de Guillermo Echavarria, candidato y compadre del actual rector Rober Romero, como rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026 – 2030, se anuncian demandas en contra de la decisión relámpago tomada por cinco miembros del Consejo Superior Universitario.
la designación de Echavarria se dio en solo 8 minutos, lo que indica que los consejeros Juliana Guerrero, representante de la presidencia de la República, Xavier Estrada, representante de Mindeducación; Oscar Pacheco, representante de los exrectores; Luis Armando Cotes, representante de las directivas docentes y Marlon Bastidas, representante de los docente y quien reemplazó a Echavarria y se dice que no podía votar por él, estaba amarrada ya que iniciaron la sesión y eligieron sin la presencia de los consejeros representantes de los gremios, la gobernación del Cesar, los egresados y estudiantes.
Esta decisión maquiavélica orquestada por Romero Ramírez para atorinillarse en la rectoría, genera un retroceso para la Universidad Popular del Cesar porque se repite la historia de las demandas y los encargos en el Alma Máter. No hay derecho que una institución tan importante en la región se maneje de esta manera, es hora de que los estamentos levanten su voz de protesta.
Irregularidades del proceso
El proceso para la elección del nuevo rector de la UPC inició chueco desde la inscripción de los candidatos, donde el Tribunal de Garantías presidido por el “abogado” Jorge Iván Guerra, inadmitió a siete de los candidatos por no cumplir con los requisitos (entre ello Guillermo Echavarria y Delwin Jiménez, quienes no cumplían con el tiempo de experiencia académica), pero días después como por arte de magia admitieron a Echavarria y a Jiménez, al igual que a cuatro candidatos más aduciendo que habían subsanado la situación.
Para tal efecto, los miembros del Tribunal de Garantías (quienes están inmersos en investigaciones por parte de la Procuraduría) se hicieron los de la vista gorda y avalaron los documentos aportados por Guillermo Echavarría y Delwin Jiménez para cumplir con los requisitos exigidos. En El Esquinazo se dijo y lo denunciamos que Echavarría presentó una certificación de Uparsistem y Jiménez, una de Instecom, que son instituciones aprobadas para la formación del trabajo y no como instituciones de educación superior, lo que inhabilitaría de una la inscripción de los dos candidatos, pero el tribunal se quedó callado.
Otra de las irregularidades presentadas durante el proceso, fue la presión malsana y rastrera ejercida por el rector Rober Romero Ramírez, contra los docentes, a quienes les pagaron tardes sus prestaciones, les retrasaron la carga y los intimidaron para que votaran por Echavarria a cambio de mantenerse en la institución. El constreñimiento fue tal, que hasta a los vigilantes y el personal de servicio general tenían que conseguir votos de estudiantes y egresados para Echavarria.
Hoy por hoy, los consejeros Juliana Guerrero, representante de la presidencia de la República, Xavier Estrada, representante de Mineducación; Oscar Pacheco, representante de los exrectores; Luis Armando Cotes, representante de las directivas docentes y Marlon Bastidas, representante de los docente son los responsables de la debacle, retroceso y estancamiento de la Universidad Popular del Cesar por entregarse y arrodillarse a los pies de Rober Romero Ramírez, quien se ha llenado los bolsillo y está rico a costilla de la universidad. ¡Pobre UPC!